Impedir la labor periodística es un delito en Sinaloa, aseguró la directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jenny Bernal Arellano.
Jenny Bernal Arellano, aseguró que desde mayo del año pasado fue incluido al código penal del estado catalogar como delito a cualquier servidor público y ciudadano que inhiban o impidan la labor informativa y la defensa de los derechos, pueden ser sancionados con la cárcel.
“Toda autoridad, desde el gobernador hasta el personal de más bajo nivel, está obligada a respetar, difundir y garantizar los derechos humanos, indicó Bernal Arellano quien impartió hoy el taller ”Obligaciones de la autoridad ante la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”.
La funcionaria estatal explicó que la obligación de los servidores públicos, es ser cautos y respetuosos de la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos, además de permitirles y posibilitar que realicen su labor.
Pero también señaló que, en el caso de los periodistas, sobre todo los de cobertura policiaca, deben conocer que hay límites:
“Ciertas reglas que debemos cumplir en la escena de los hechos, hay límites que no deben cruzar, para no echar a perder una investigación, tiene que saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede para evitar el conflicto con la autoridad”.
Debido al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, el precepto principal es el respeto al derecho humano de las personas, por ello no se pueden violentar a los periodistas, con uso de imágenes o texto, así como trabajar en coordinación con las autoridades, para que proporcionen información.
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