La adquisición de 10 patrullas por parte del Ayuntamiento de Guasave, por un monto de 11.6 millones de pesos, podría ameritar una denuncia penal, afirmó Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Félix Rivera explicó que este caso corresponde a los informes individuales del ejercicio fiscal 2024.
La auditora detalló que, tras presentar el informe, se notifica al ente auditado y se le otorgan 20 días naturales para atender los resultados.
Una vez concluido este periodo, el informe se envía al área de evaluación de respuestas.
En caso de que se solventen las observaciones, se emite un dictamen; sin embargo, si no se encuentra un resultado positivo, el caso se remite al área jurídica, donde se buscan elementos penales y administrativos para proceder.
“Cuando termina el proceso de auditoría, primero se planea, se ejecuta, se presentan los informes. Una vez presentados, hay que entregarlos al Poder Legislativo y a los entes auditados, quienes responden a las observaciones.
Valoramos si solventan o no, y si no hay solventación, vamos al área jurídica”, explicó.
La auditora comparó el caso de las patrullas de Guasave con lo sucedido en el Ayuntamiento de Ahome, que resultó en el desafuero de Gerardo Vargas Landeros.
Además, mencionó que en el informe recién presentado hay una auditoría forense a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama), donde se encontró una adquisición de vehículos por un monto aproximado de 40 millones de pesos, lo cual no debió haber ocurrido, por lo que se amplió la investigación.
Félix Rivera indicó que apenas han pasado cinco días desde que se notificó al municipio, encabezado por la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya y aún no tienen respuestas, sin embargo, están a la espera de que concluya el plazo mencionado.
De acuerdo con un documento emitido por la ASE, el Ayuntamiento de Guasave compró las patrullas a finales del año pasado para ser incorporadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con un costo de un millón 162 mil 600 pesos por cada unidad modelo 2025.
Aunque el costo es inferior al límite permitido para adquisiciones directas, la ASE señala que el Gobierno Municipal fraccionó las compras como un mecanismo para eludir el proceso de licitación, lo cual no está permitido.
