La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió este viernes el Parlamento y convocó a elecciones legislativas anticipadas para el próximo 8 de febrero en una decisión que busca reforzar su mandato y ampliar el margen de maniobra del gobierno en una Cámara Baja integrada por 465 escaños.
La disolución de la Dieta fue aprobada al inicio de una sesión parlamentaria en la que tanto el Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder, como las fuerzas opositoras coincidieron en la necesidad de revisar el impuesto sobre las ventas de alimentos, ante el impacto de la inflación en los hogares.
De acuerdo con la agencia Kyodo, el aumento de precios y el costo de la vida serán los principales temas de la campaña, que iniciará formalmente el martes 27 de enero.
Durante la sesión, el presidente de la Cámara Baja leyó la carta oficial de disolución mientras los legisladores pronunciaban el tradicional “banzai”, acto que marca el inicio del proceso electoral. Además de la situación económica, la campaña incluirá el debate sobre el financiamiento de la política, luego de casos de sobornos que han involucrado al PLD en años recientes, así como temas relacionados con residentes extranjeros y el turismo.
En este proceso electoral participará un nuevo bloque opositor, la Alianza de Reforma Centrista, impulsada por el Partido Democrático Constitucional de Japón junto con Komeito, antiguo aliado del PLD durante más de dos décadas.
Actualmente, el partido gobernante y sus aliados cuentan con una mayoría limitada en la Cámara Baja y permanecen en minoría en la Cámara Alta.
Takaichi señaló que el adelanto electoral permitirá que la ciudadanía “evalúe los cambios previstos por su administración”. Desde su llegada al cargo en octubre, su gabinete registra niveles de respaldo cercanos al 70 por ciento, según encuestas.
En el plano económico, el gobierno enfrenta el desafío de la inflación, que en diciembre se ubicó en 2.4 por ciento interanual, excluyendo alimentos frescos, y del encarecimiento de productos básicos como el arroz.
Para el próximo ejercicio fiscal, el Ejecutivo aprobó un presupuesto de 122.3 billones de yenes, cuya discusión podría verse afectada por el calendario electoral.





