La carpeta de investigación por la muerte del investigador del CIIDIR, Píndaro Álvarez Ruiz, continúa en etapa de integración y podría derivar no solo en un proceso por homicidio culposo, sino también en posibles responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos.
Los asesores jurídicos de Carina Gámez, viuda del científico, informaron que se han aportado diversos datos de prueba ante la Fiscalía con el respaldo de un equipo multidisciplinario de especialistas provenientes de distintas ciudades del país, con el objetivo de fortalecer el caso.
El abogado José Antonio Rubio Cervantes explicó que, además del delito de homicidio culposo, podrían configurarse conductas relacionadas con el ejercicio indebido de la función pública, aunque aclaró que el proceso aún se encuentra en una fase preliminar y requerirá tiempo debido a la realización de entrevistas y dictámenes periciales adicionales.
Por su parte, la asesora jurídica Anabel Hernández indicó que durante los acercamientos con el área legal del Ayuntamiento se propuso la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos para la reparación del daño; sin embargo, dicha opción fue rechazada por la autoridad municipal.
Según la abogada, la postura del gobierno local fue insistir en la judicialización de la carpeta para definir si procedía o no una indemnización, lo que ha generado un desgaste emocional para la familia del investigador.
Consideró que esta actitud podría interpretarse como una estrategia para prolongar el proceso y disminuir el interés público en el caso.
No obstante, la defensa reconoció que han recibido atención directa y seguimiento por parte del vicefiscal de la zona norte, quien ha mostrado disposición para revisar los avances de la investigación.
Los representantes legales aclararon que hasta el momento no se ha establecido ninguna cifra económica por concepto de indemnización.
Precisaron que cualquier monto solo podrá determinarse una vez que concluyan los peritajes oficiales y se definan las responsabilidades correspondientes.
“Será el Ministerio Público, con base en los dictámenes técnicos, quien determine lo que proceda”, concluyó el equipo legal de la esposa del investigador.
