La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado elementos suficientes para sustentar las acusaciones por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El abogado Fernando Gómez Mont señaló que, tras revisar el expediente, no encontró una relación clara entre las pruebas aportadas por la autoridad y los delitos que se imputan a su cliente.
Gómez Mont informó que desde el inicio de la audiencia la defensa solicitó que el procedimiento fuera público; sin embargo, la petición fue rechazada luego de que la Fiscalía solicitó mantener la diligencia bajo reserva al argumentar motivos de seguridad nacional.
El litigante indicó que durante la audiencia no se expusieron elementos que, a su juicio, justificaran esa determinación.
El exsecretario de Gobernación también señaló que la defensa recibió un expediente integrado por 19 tomos pocas horas antes de la audiencia, lo que, afirmó, limitó el tiempo disponible para analizar la información.
Tras una primera revisión, sostuvo que no existe una explicación que permita vincular a Ruffo Appel con una operación de contrabando de combustible ni con la existencia de una organización delictiva.
Gómez Mont aseguró que no existe documentación que acredite la participación del exmandatario en las operaciones investigadas y precisó que la única relación con algunos de los involucrados corresponde a antiguos vínculos empresariales. Asimismo, rechazó la versión de que su cliente encabezara una organización criminal y señaló que esa hipótesis no está respaldada por los elementos contenidos en la carpeta de investigación.
La defensa también cuestionó la decisión de mantener a Ruffo Appel en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
El abogado consideró que esa medida resulta desproporcionada para un caso que, desde su perspectiva, está relacionado con presuntas irregularidades en operaciones comerciales y posibles omisiones fiscales, sin que exista evidencia de participación de grupos delictivos.
Finalmente, Gómez Mont sostuvo que el momento en el que surgieron las acusaciones permite realizar una lectura política del caso y afirmó que las autoridades aplican criterios distintos al valorar las pruebas según las personas involucradas y agregó que el proceso deberá resolverse con base en la legalidad y en la valoración objetiva de las pruebas que sean presentadas durante el juicio.
