La regidora Zoyla Lazcano utilizó la tribuna del Cabildo de Guasave para solicitar una disculpa pública en favor de Kena Leyva y cuestionar los señalamientos que se han realizado en torno a su trayectoria y desempeño como funcionaria.
Durante su intervención, la regidora también criticó a una periodista que ha dado seguimiento al caso y acusó que en torno a Leyva se ha generado una cobertura basada, según su postura, en “amarillismo y odio”.
El pronunciamiento generó una confrontación política dentro del Cabildo, luego de que el regidor Gregorio Hernández, de Movimiento Ciudadano, cuestionara el perfil de Kena Leyva.
Lazcano calificó los cuestionamientos de Hernández como una forma de violencia psicológica y mediática, además de acusarlo de una conducta machista.
Ante ello, solicitó al Síndico Procurador iniciar un procedimiento por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en contra del regidor y de quienes pudieran resultar involucrados.
La regidora defendió públicamente a Leyva y pidió que se emita una disculpa por los señalamientos realizados en su contra.
El conflicto se produce luego de las controversias que han rodeado a Kena Leyva durante su paso por el Ayuntamiento de Guasave.
De acuerdo con los señalamientos expuestos públicamente, Leyva dejó su cargo en el gobierno municipal en medio de cuestionamientos y posteriormente fue relacionada con una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por una trabajadora.
El caso volvió a cobrar relevancia luego de que Leyva fuera incorporada a una responsabilidad dentro del área de Catastro del Gobierno del Estado, situación que provocó nuevos cuestionamientos sobre su perfil.
Debate entre libertad de expresión y violencia de género
La discusión abrió nuevamente el debate sobre los límites entre la crítica a funcionarios públicos, la libertad de expresión y la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Mientras la regidora sostiene que los señalamientos contra Leyva constituyen actos de violencia y pidió que sean investigados, las críticas planteadas desde distintos sectores apuntan a que cuestionar el desempeño o perfil de una persona que ocupa un cargo público forma parte del escrutinio al que están sujetos los funcionarios.
La determinación sobre si las expresiones denunciadas constituyen violencia política de género corresponde a las autoridades competentes, por lo que cualquier señalamiento deberá ser analizado conforme al procedimiento establecido en la legislación.
