El Congreso de Sinaloa aprobó modificaciones al Código Penal del estado para establecer penas de hasta 30 años de prisión contra quienes recluten a niñas, niños y adolescentes para incorporarlos a actividades delictivas.
La reforma busca reforzar la protección de las personas menores de edad frente a grupos criminales y reconocer como delito una práctica que representa una de las formas más graves de violencia contra este sector de la población.
De acuerdo con la información publicada por La Jornada, la modificación incorpora al Código Penal estatal disposiciones específicas para sancionar el reclutamiento forzado de menores.
Buscan frenar la incorporación de menores al crimen
Con los cambios aprobados, las autoridades podrán perseguir de manera específica las conductas relacionadas con la captación y utilización de menores para actividades ilícitas.
La medida parte de la necesidad de fortalecer las herramientas legales frente a una problemática que afecta especialmente a comunidades donde niñas, niños y adolescentes pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.
El objetivo es que quienes involucren a menores en actividades criminales enfrenten consecuencias penales más severas y que el Estado cuente con mecanismos legales para combatir este tipo de conductas.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la posibilidad de imponer penas de hasta tres décadas de prisión, dependiendo de las circunstancias en que ocurra el reclutamiento y de los elementos que determine la autoridad durante el proceso penal.
Con esta modificación, Sinaloa incorpora un castigo específico dentro de su legislación para enfrentar el reclutamiento de menores, en un contexto nacional donde la utilización de adolescentes por parte de organizaciones criminales se ha convertido en una preocupación de seguridad y protección de derechos.
Protección para niñas, niños y adolescentes
La reforma también representa un reconocimiento de que los menores utilizados por grupos delictivos pueden ser víctimas de mecanismos de captación, presión, amenazas o engaños.
Además de las sanciones penales, el reto para las autoridades será fortalecer las acciones de prevención, detección y atención para evitar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a estructuras criminales.
La nueva disposición coloca la protección de este sector como uno de los elementos centrales de la estrategia jurídica contra el crimen organizado y otras actividades delictivas en Sinaloa.
Con la modificación al Código Penal, el estado busca enviar un mensaje de mayor severidad contra quienes utilicen a menores para cometer delitos y establecer responsabilidades que pueden traducirse en condenas de hasta 30 años de prisión.
