La exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, Kena Leyva Camacho, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) ser víctima de violencia política en razón de género, discriminación, hostigamiento institucional y ataques mediáticos.
Leyva Camacho solicitó que se dicten medidas de protección urgentes, que se reconozca públicamente el patrón de discriminación ejercido en su contra y que se exhorte a los medios de comunicación a evitar la reproducción de estereotipos de género o la difusión de información sin pruebas.
La queja fue admitida por la CEDH, lo que ha derivado en un procedimiento de investigación contra el regidor Gregorio Hernández Romero, señalado como principal responsable.
En el documento, Leyva Camacho narró que entre marzo y julio de 2025 fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio a través de publicaciones en medios locales, redes sociales y declaraciones en sesiones de Cabildo.
“Estas acciones vulneraron mi derecho a la presunción de inocencia y reforzaron una narrativa sexista sobre la incapacidad de las mujeres para ejercer el poder público”, expresó en su denuncia.
La exfuncionaria detalló que la campaña comenzó el 7 de marzo de 2025 con notas periodísticas en las que se le acusaba de nepotismo y mal uso de recursos, incluso utilizando su imagen sin consentimiento. Estas publicaciones derivaron en cinco investigaciones administrativas abiertas en su contra, sin denuncias formales ni sustento jurídico, lo que calificó como un uso discrecional de los procedimientos institucionales.
Aunque el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento resolvió archivar los expedientes por falta de pruebas, el regidor continuó exigiendo su separación del cargo y reiterando acusaciones en medios y sesiones del Cabildo. El 14 de mayo solicitó incluso una sesión extraordinaria para forzar su salida temporal, decisión que, señaló la quejosa, fue tomada sin fundamento legal ni elementos probatorios.
Leyva Camacho sostuvo que estas acciones constituyen violencia simbólica y mediática, reforzada con estereotipos sexistas.
“Este trato desigual tuvo como objetivo desacreditarme y generar un efecto inhibidor hacia otras mujeres que aspiran a ocupar espacios de decisión”, afirmó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa admitió la queja y abrió un procedimiento para investigar los hechos señalados.
