La desaparición forzada de diez trabajadores de una minera canadiense en el municipio de Concordia ha generado conmoción y preocupación en México, al tiempo que expone la gravedad de la crisis de inseguridad que enfrenta el estado de Sinaloa.
El secuestro ocurrió cuando un grupo armado irrumpió en el campamento donde se alojaban los empleados de la empresa Vizsla Silver, dedicada a la explotación de plata y oro en la zona del proyecto Pánuco-Copala.
Entre las víctimas hay ingenieros, técnicos y personal de seguridad, según reportes de autoridades y comunicados empresariales.
La compañía minera confirmó la desaparición de su personal y suspender temporalmente algunas operaciones en el área como medida de precaución mientras se investiga el caso.
Vizsla Silver señaló que ha notificado a las autoridades competentes y que equipos de gestión de crisis trabajan en coordinación con las investigaciones.
Durante la conferencia matutina del 30 de enero de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que las autoridades federales no detendrán las labores hasta localizar a los mineros secuestrados.
El funcionario explicó que elementos del Ejército y las fuerzas de seguridad han sido desplegados en la región para reforzar la búsqueda y prevención.
García Harfuch indicó también que, aunque las investigaciones están en fases iniciales, no existe evidencia de amenazas previas contra las víctimas antes de su secuestro.
Asimismo, señaló que en la zona opera una célula del grupo delincuencial conocido como Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa implicadas en la pugna criminal que ha elevado los niveles de violencia en la entidad.
El secuestro se produce en un contexto en el que Sinaloa enfrenta una intensificación de la violencia generada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, especialmente tras fracturas internas entre bandas ligadas al histórico Cártel de Sinaloa.
Esta situación ha provocado desplazamientos forzados de pobladores, restricciones a servicios básicos y una percepción de inseguridad generalizada entre residentes del sur del estado.
Organizaciones como la Cámara Minera Mexicana (Camimex) han expresado su profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de los empleados, destacando el impacto que este tipo de hechos tiene no solo en las familias de las víctimas, sino también en la industria y las comunidades locales.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y cooperan con diversas fiscalías estatales para esclarecer los hechos y dar con el paradero de las personas secuestradas.
El caso ha encendido una alerta sobre la seguridad en las zonas rurales de Sinaloa y ha reavivado el debate sobre la estrategia de combate al crimen organizado en México.
