El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno federal no contaba con señales previas que apuntaran a posibles vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado.
Durante una declaración pública, el funcionario afirmó que, hasta antes de las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos, no existían elementos de inteligencia en México que relacionaran al mandatario estatal con el Cártel de Sinaloa.
Harfuch indicó que el gobernador no goza de la inmunidad constitucional, aunque dijo que será la Fiscalía General de la República la que lo confirme.
“El gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero, hasta donde tengo entendido, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General”, comentó.
Sobre el paradero del gobernador, Harfuch informó que se mantiene en México e incluso goza de protección por parte de la Guardia Nacional, aunque aclaró que no tienen indicios de que pueda ser atacado. “Tengo entendido que está aquí en Sinaloa”, dijo.
Aclaró que Rocha no fue quien pidió la protección, si no fue una decisión que se tomó como parte del gabinete de seguridad al considerar que el gobernador con licencia estaría en una entidad con hechos violentos.
“La seguridad del Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios, algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, indicó.
Las declaraciones surgen luego de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara presuntos nexos entre Rocha Moya y la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes acusa de influir en estructuras de gobierno local y facilitar operaciones ilícitas.
En ese contexto, Harfuch subrayó que las instituciones mexicanas no habían detectado previamente irregularidades que permitieran anticipar dichas acusaciones, por lo que insistió en que cualquier investigación deberá sustentarse en pruebas sólidas.
El caso ha generado tensiones diplomáticas y políticas, luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra el gobernador y otros funcionarios por presunta colaboración con el narcotráfico, lo que ha sido rechazado por el propio Rocha, quien niega las imputaciones.
A nivel nacional, el gobierno federal ha reiterado que se analizará la información disponible y que cualquier acción se realizará conforme a la ley y respetando la soberanía del país, mientras continúan las investigaciones en torno a uno de los casos más delicados recientes en materia de seguridad y política.
