Un grupo de abogados y representantes ciudadanos presentó ante el Senado de la República una solicitud formal para que se declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, argumentando que existen condiciones que impiden el funcionamiento regular de las instituciones públicas y afectan la gobernabilidad de la entidad.
La petición fue entregada a la Mesa Directiva del Senado con el respaldo de la senadora priista Paloma Sánchez, quien afirmó que la situación que enfrenta el estado requiere medidas extraordinarias para restablecer el orden institucional. Los promoventes sostienen que el incremento de la violencia, las desapariciones de personas y los problemas de seguridad han generado una crisis que impacta directamente a la población.
De acuerdo con el documento presentado, los solicitantes consideran que se actualizan las condiciones previstas en la legislación para que el Senado analice la viabilidad de declarar la desaparición de los poderes constitucionales en Sinaloa. Entre los argumentos expuestos se encuentran la inseguridad persistente y los cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la estabilidad institucional.
La solicitud se suma a otros planteamientos realizados anteriormente por legisladores de oposición, particularmente del PAN, quienes desde mayo promovieron acciones similares al considerar que la entidad enfrenta una situación extraordinaria derivada de la crisis política y de seguridad.
La figura de desaparición de poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República contemplada en el artículo 76 de la Constitución. En caso de prosperar una declaratoria de este tipo, el Senado tendría la responsabilidad de iniciar el procedimiento para la designación de un gobernador provisional y la reorganización de los poderes estatales conforme a la ley.
El tema cobra relevancia en medio de un contexto político complejo para Sinaloa, donde continúan las investigaciones y señalamientos contra exfuncionarios y actores políticos de la entidad, situación que ha generado un intenso debate sobre la gobernabilidad y el futuro institucional del estado.
Hasta el momento, el Senado no ha emitido una resolución sobre la nueva petición, por lo que corresponderá a los órganos legislativos analizar la procedencia de la solicitud y determinar los pasos a seguir dentro del marco constitucional.
